La Audiencia Nacional confunde a la asociación Askabide con la herriko de Zorrotza del mismo nombre

El juicio contra 36 ciudadanos vascos ha comenzado con dos horas de retraso en la Audiencia Nacional española, debido a los trámites de identificación de los encausados y los administradores de más de 100 «herriko tabernas». La sesión ha arrancado con la intervención de los letrados defensores quienes han solicitado la prescripción para Josu Iraeta y José Antonio Egido. El tribunal ha confundido a la asociación Askabide con una herriko del mismo nombre.

Confusión: La asociación Askabide, que trabaja en defensa de los derechos de las prostitutas, ha sido confundida con una «herriko taberna» de Zorrotza que lleva el mismo nombre.

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Más de cien personas, entre encausados y administradores de las «herriko tabernas», se encuentran en la sala donde ha arrancado el juicio contra los dirigentes de HB, EH y Batasuna.

La sesión ha comenzado con dos horas de retraso debido a los trámites de identificación.El primero en intervenir ha sido el letrado Iñigo Iruin, quien ha solicitado que Joseba Álvarez quede fuera del enjuiciamiento al encontrarse convaleciente (hoy no ha asistido al juicio). Asimismo, ha pedido la prescripción de Josu Iraeta, apoyándose en el auto que determinó «cosa juzgada» para Arnaldo Otegi y otros tres acusados. Iruin ha recordado que lo único que se dice sobre Iraeta en la acusación es que fue «miembro de Hasi hasta 1988 y de la Mesa Nacional de HB ese año».La defensa de José Antonio Egido, ejercida por Gonzalo Boyé, también ha solicitado la prescripción para el exmahaikide.

La Fiscalía se ha pronunciado a favor de estas peticiones, mientras AVT y Dignidad y Justicia han mostrado su oposición. El magistrado que dirige el juicio decidirá en un auto que espera tener antes del lunes.

Confunden una asociación con una herriko.

La Audiencia Nacional incluyó en el procedimiento a la asociación Askabide, que defiende los derechos de las prostitutas, con una «herriko taberna» de Zorrotza que lleva el mismo nombre. El tribunal, ante la confusión, ha excluido a la asociación del procedimiento.

Absolución

«La única sentencia de justicia es la absolución». Esta es la idea principal lanzada por Karmelo Landa en nombre de los 36 imputados en la causa contra la dirección de HB, EH y Batasuna a las puertas de la Audiencia Nacional española antes de que diera inicio el juicio.

A las puertas del tribunal especial, los enjuiciados, junto con los jóvenes independentistas que también son juzgados en la Audiencia Nacional, han realizados declaraciones conjuntas donde han denunciado el «anacronismo» de ambos procesos. «Alguien tendrá que explicar la inusitada intensidad de este tipo de juicios esta semana», ha reclamado Landa, en recuerdo también del macroproceso contra el movimiento juvenil vasco, que esta semana ha celebrado tres sesiones.

«En 2009 la ONU dijo que estos casos en los que hay actividad política legítima, no hay reproche penal», ha argumentado, para recordar que ayer mismo, la plataforma Sumario 35/02 compareció ante el parlamento de Gasteiz para explicar el informe elaborado por un grupo de expertos que revela la «naturaleza política» del juicio.

Antes de abordar las cuestiones jurídicas, el portavoz de los imputados ha tenido un recuerdo para Jon Idigoras, histórico militante abertzale que también estuvo encausado por Baltasar Garzón en este mismo procedimiento hasta su fallecimiento en 2005.

«Hay un elemento tramposo, se intenta infiltrar la ley de partidos en el ámbito penal», ha denunciado Landa. Cabe recordar que esta normativa, aprobada en 2002 tras el «pacto por las libertades y contra el terrorismo» firmado por PP y PSOE, constituye una ley «ad hoc» utilizada para ilegalizar Batasuna pero no se inserta dentro del código penal.

«El único elemento de prueba son las declaraciones de policías que, por arte de magia, se convierten en peritos científicos», ha remarcado Landa, que ha calificado el proceso de «anacronismo», destacando que 18 de los 36 acusados ostentaron cargos públicos. «Da la impresión de que el Gobierno del PP no ha asimilado que la izquierda abertzale es legal. Queremos volver a Euskal Herria para seguir trabajando por el proceso de paz», ha sentenciado. Landa y el resto de los acusados han sido acompañados en los exteriores de la Audiencia por Xabier Mikel Errekondo, Maite Ariztegi y Jon Iñarritu, diputados de Amaiur.

Entre los imputados se encuentran Joseba Permach y Rufi Etxeberria, para los que la Fiscalía pide doce años de cárcel. El fiscal Vicente González Mota solicita diez años de prisión para otros veinte imputados por un delito de «integración en ETA»; Karmelo Landa, Juan Kruz Aldasoro, Joseba Álvarez, Josu Iraeta, Adolfo Araiz, José Antonio Egido, Txekun López de Aberasturi, Karlos Rodríguez, Mikel Arregi, Esther Agirre, Miren Jasone Manterola, Floren Aoiz, Kepa Gordejuela, Isa Mandiola, Juanpe Plaza, Antton Morcillo, Santi Hernando, Xanti Kiroga y Jon Gorrotxategi. Y 8 años para José Luis Franco, Maite Amezaga, Juan Francisco Martínez, Juani Lizaso, Jaione Intxaurraga, Rubén Andrés, Enrike Alaña, Agustín Rodríguez, Patxi Jagoba Bengoa, Idoia Arbelaitz, Izaskun Barbarias, Sabin del Bado, Bixente Enekotegi, Andrés Larrea y Pedro Félix Morales.

La vista arranca hoy en la Audiencia Nacional española con la presencia obligada también, junto a los 36 imputados, de más de un centenar de representantes de herriko tabernak.

Sumario abierto en 2002

El macrosumario 35/02 se abrió a partir de la detención en abril de 2002 de once personas. Garzón decretó posteriormente el embargo de 75 «herriko tabernas» y su administración judicial. El 20 de agosto de 2002, el juez inició los trámites para suspender las actividades de Batasuna argumentando «la integración aparente de ésta en el complejo terrorista ETA-KAS-Ekin».

Días más tarde, el 26 de agosto, el mismo juez emite un auto en el que decretaba la suspensión de todas las actividades de Batasuna.

El 2 de setiembre de 2002, el Ministerio Fiscal formuló ante la Sala Especial del Tribunal Supremo, regulada en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la demanda de disolución de los partidos políticos Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna.

El 27 de marzo de 2003, el Tribunal Supremo español dictó sentencia declarando ilegales los tres partidos políticos independentistas. Asimismo, ordenó la cancelación de sus respectivas inscripciones cursadas en el Registro de Partidos Políticos, decretó el cese inmediato de todas las actividades que realizaran esas formaciones y requirió proceder a la apertura de un proceso de liquidación patrimonial de las mismas.

Tras casi seis años de instrucción, Garzón concluyó el sumario en abril de 2008, procesando a un total de 41 militantes de la izquierda abertzale.

A ninguno de los procesados se les imputa ni una sola acción violenta, sino participar en un proyecto político que el juez instructor y la Fiscalía vinculan a ETA. 

http://www.naiz.info

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